jueves, 23 de agosto de 2012

Código Penal de 2012: Principios de Aplicación de Ley Penal Sección Primera

DE LOS PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL
SECCIÓN PRIMERA
Denominación y principios de aplicación
Artículo 1.- Denominación y aplicabilidad de la ley.
Esta ley se denomina Código Penal de Puerto Rico.
Los principios contenidos en el Libro Primero de la Parte General de este Código aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario.
Artículo 2.- Principio de legalidad.
No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos.`1
No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la ley penal.
La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado dentro de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Se entiende por extensión territorial el espacio de tierra, mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
No obstante lo anterior, la ley penal de Puerto Rico se aplica fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquiera de los siguientes casos:
(a) Delitos cuyo resultado se ha producido fuera de Puerto Rico cuando se realicen actos preparatorios o de ejecución dentro de su extensión territorial.
(b) Actos preparatorios o de ejecución realizados fuera de Puerto Rico con el propósito de cometer un delito cuyo resultado se ha producido en su extensión territorial.
(c) Delitos consumados o intentados por funcionario o empleado público o persona que se desempeñe a su servicio cuando la conducta constituya una violación de las funciones o deberes inherentes a su cargo o encomienda.
(d) Delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad, según se definen en este Código.
(e) Delitos susceptibles de ser procesados en Puerto Rico, de conformidad con los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América.
Artículo 4.- Principio de favorabilidad.
La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los hechos.
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las siguientes normas:
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.
(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente.
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en restricción de libertad.
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho.
Artículo 5.- Principio de vigencia temporera. 
La ley penal de vigencia temporera se aplicará a hechos cometidos durante su vigencia, aunque la ley haya perdido su vigencia con posterioridad, salvo que por ley se determine otra cosa.          
Artículo 6.- Principio de personalidad.
La responsabilidad penal es personal.
El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal.
Las relaciones, circunstancias y cualidades personales que aumenten o disminuyan la pena, afectarán solamente a la persona a quien corresponda.
Artículo 7.- Relación de causalidad.
Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal como delito si la conducta delictiva no es consecuencia de su acción u omisión.
No impedir un evento cuando se tiene la responsabilidad jurídica de evitarlo, equivale a causarlo.
Artículo 8.- Principio de responsabilidad penal.
Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado según las formas de culpabilidad provistas en este Código.
La exigencia de responsabilidad penal se fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por la conducta antijurídica del autor.
Artículo 9.- Principio de especialidad.
Cuando la misma materia se regula por diversas disposiciones penales, la disposición especial prevalece sobre la general. 
Artículo 10.- Principio de judicialidad.
La pena o la medida de seguridad se impondrá mediante sentencia judicial exclusivamente.
Artículo 11.- Principios que rigen la aplicación de la sanción penal.
La pena o medida de seguridad que se imponga no podrá atentar contra la dignidad humana.
Las penas se establecerán de forma proporcional a la gravedad del hecho delictivo.
Las penas deberán ser necesarias y adecuadas para lograr los principios consignados en este Código.
La imposición de las penas tendrá como objetivos generales:
            (a) La protección de la sociedad.
            (b) La justicia a las víctimas de delito.
            (c) La prevención de la delincuencia.
            (d) El castigo justo al autor del delito.
            (e) La rehabilitación social y moral del convicto.
Por su naturaleza como sanción no punitiva sino de prevención social, la medida de seguridad no tendrá límite máximo. El término de interdicción por medida de seguridad estará sujeto a la revisión periódica según consignado en el Artículo  85 de este Código. La cesación de la medida de seguridad dependerá de la peligrosidad que represente el individuo para sí y la sociedad.

Para información sobre este u otros temas puede contactar a la Lcda. Laura Mía González Bonilla a (787) 667-7330 o lauramialaw@gmail.com

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